

En los últimos meses, la discusión sobre la reforma laboral ha tomado protagonismo en el Congreso de Colombia. Uno de los puntos más debatidos es el impacto en los contratos por prestación de servicios, una modalidad ampliamente utilizada en el país, especialmente en sectores como tecnología, educación y servicios profesionales.
¿Qué implica la reforma?
A partir de enero de 2025, la nueva legislación obligará a las empresas a ofrecer beneficios mínimos a los contratistas que trabajen más de 30 horas semanales. Estos beneficios incluyen:
- Afiliación a seguridad social completa, financiada de manera compartida entre el contratante y el contratista.
- Vacaciones proporcionales al tiempo trabajado.
- Pago de primas legales semestrales, anteriormente reservado solo para contratos laborales.
El Ministerio de Trabajo ha señalado que esta medida busca garantizar condiciones más equitativas para los trabajadores independientes, quienes muchas veces se enfrentan a desprotección en términos de salud y estabilidad económica.
¿Cómo afectará a las empresas y a los trabajadores?
Desde el lado empresarial, se anticipa un aumento en los costos operativos. Muchas organizaciones podrían optar por reducir su dependencia de contratistas o buscar alternativas más flexibles. Por otro lado, los trabajadores contratados bajo esta modalidad podrían beneficiarse de mayor estabilidad y acceso a derechos básicos.
Según expertos en derecho laboral, la transición no estará exenta de desafíos legales. Se espera un aumento en los litigios relacionados con la conversión de contratos y la definición de las condiciones de trabajo. Por esta razón, los empleadores y trabajadores deberán estar informados y asesorarse legalmente para evitar incumplimientos.